La propuesta del Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) preocupa a Europa y la imagen de inseguridad jurídica que se está trasladando podría traer consecuencias económicas.
Según advierten varios economistas y juristas, la situación podría ser utilizada por algunos países de la Unión Europea para poner impedimentos al pago de los fondos para la recuperación que aún se están negociando.
