El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre el confinamiento domiciliario adoptado por el Gobierno español en marzo de 2020, declarándolo inconstitucional. Un tribunal dividido, con seis votos a cinco, ha concluido que la limitación de derechos fundamentales fue tan intensa que sólo tenía cobertura bajo el estado de excepción.
La sentencia establecerá que las medidas más duras del Gobierno de Pedro Sánchez estaban justificadas desde el punto de vista sanitario y eran proporcionadas, pero que la vía jurídica para aplicarlas no fue la correcta. Por lo tanto, será posible reclamar la devolución del importe de las sanciones impuestas a particulares que hubieran roto el confinamiento. Por el contrario, la declaración de inconstitucionalidad del decreto no generará responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad de empresas y comercios que tuvo que detenerse.
