El Consejo Vasco de Finanzas ha ratificado el consenso alcanzado entre las instituciones de Euskadi para actualizar la Ley de Aportaciones. Este acuerdo alcanzado tiene una vigencia de cinco años, por lo que, si es ratificado por el Parlamento, Gobierno, diputaciones forales y ayuntamientos tendrán un marco de referencia estable para elaborar sus presupuestos hasta 2026.
Tras la celebración del Consejo el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha enfatizado que, con este acuerdo, «todos cedemos y todos ganamos. En eso consiste llegar a acuerdos, y este acuerdo nos ayuda a afrontar la recuperación con fuerza, con proyectos y con un país ordenado institucional y presupuestariamente. Ahora toca relanzar el país». Por ello, ha agradecido y puesto en valor la capacidad de las instituciones de Euskadi para hablar, negociar y alcanzar acuerdos.
«El acuerdo es bueno», ha valorado, puesto que aporta estabilidad a la financiación de las instituciones. Como elementos fundamentales ha señalado la actualización de los coeficientes verticales para responder a las nuevas competencias asumidas por el Gobierno Vasco; la garantía de una financiación mínima para los ayuntamientos; y la consolidación de la metodología de cálculo de los coeficientes horizontales entre territorios.
En este sentido ha señalado que las tres diputaciones consideran correcta la metodología recogida en la ley actualmente en vigor, basada en la relación entre el PIB de cada territorio y su esfuerzo fiscal. En este ejercicio 2021 el coeficiente horizontal de Álava es del 16,22%, el de Bizkaia del 50,19% y el de Gipuzkoa del 33,49%. Esos porcentajes determinan la cantidad con la que cada territorio participa en el pago del Cupo, en la financiación de las Instituciones Comunes, en los ajustes con el Estado y en los ajustes internos entre diputaciones forales.
Rementeria ha enfatizado que el acuerdo ratificado por el Consejo Vasco de Finanzas se basa en la Ley de Aportaciones aprobada en 2007 y prorrogada en 2011, «una buen ley que se ha adecuado a cada momento y que ha permitido salir de dos crisis económicas». Tal y como ha señalado, el acuerdo modifica aquellos aspectos de la ley aún vigente que debían actualizarse, como las nuevas competencias asumidas, la liquidación del cupo de 2017, los nuevos impuestos generados durante este periodo o la incorporación de aspectos que determina la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.
Entre esos aspectos, además de los ya citados, ha destacado el incremento hasta el 1,45% del Fondo General de Ajuste, la aportación de 15 millones más por parte del Gobierno Vasco al Fondo de Servicios Sociales y que se deje de ajustar a coeficientes la recaudación del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica, el único de los impuestos directos que estaban sometidos a ajuste y que se ingresa en su mayor parte en Bizkaia.
