La Diputación Foral de Bizkaia activará un dispositivo asistencial temporal para descongestionar la red, actualmente al límite de su capacidad.
La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado, en el Consejo de Gobierno, un acuerdo que permitirá aplicar la previsión para situaciones excepcionales recogida en la Disposición Adicional Primera del Decreto 131/2008, de 8 de julio, que regula los recursos de acogimiento residencial para la infancia y adolescencia en situación de desprotección social.
Este acuerdo, permitirá la activación de un dispositivo asistencial de emergencia con carácter transitorio, destinado a descongestionar la red de acogida de menores migrantes no acompañados.
En la actualidad, Bizkaia gestiona una red de 16 centros de acogida que atienden a 600 menores migrantes no acompañados. Esta cifra viene creciendo de manera exponencial en los últimos meses. A pesar de que en el último año la Diputación Foral de Bizkaia ha abierto cuatro nuevos centros, la llegada de una media de 3 menores al día sitúa a la red de acogida del territorio al límite de su capacidad. Además, se prevé que este flujo se mantenga, dado que una parte importante de los menores actualmente en Canarias pueden llegar a Bizkaia.
Compromiso con la protección de personas menores
La Diputación Foral de Bizkaia subraya que su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad es ineludible y que, además de tratarse de una obligación legal, responde a una convicción firme. No obstante, reconoce las serias dificultades para garantizar proyectos socioeducativos que favorezcan la integración de estos menores en la sociedad.
La Institución foral insiste en la necesidad de que el Gobierno de España asuma un papel activo en esta crisis humanitaria, adoptando medidas estructurales que controlen los flujos migratorios y establezcan un reparto justo y equitativo de responsabilidades entre comunidades autónomas, apelando para que asuman su parte en esta labor humanitaria y no eludan su responsabilidad.
Bizkaia continuará garantizando la acogida y protección de menores migrantes no acompañados, pero advierte que se necesitan soluciones estructurales y una corresponsabilidad efectiva para afrontar una situación que, de no atenderse, continuará agravándose.
