Organizada por la UPV/EHU en colaboración con el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, la jornada ha reunido a especialistas en Derechos Humanos y Derecho Internacional para abordar los desafíos legales que afectan a menores no acompañados y nacidos durante el tránsito migratorio, especialmente quienes tienen riesgo de apatridia
La Diputación Foral de Bizkaia ha celebrado en Bilbao una jornada centrada en los retos jurídicos y humanitarios que afectan a la infancia migrante más vulnerable: menores no acompañados/as, menores en situación de desamparo y nacidos/as durante el tránsito migratorio, que han podido quedar sin identidad ni nacionalidad reconocidas.
Durante la apertura, la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha subrayado la urgencia de situar esta realidad en el centro de la agenda pública y ha reafirmado el compromiso institucional con la infancia más vulnerable: «Debemos actuar con urgencia, por solidaridad, por empatía, por justicia, por democracia, para asegurar que cada menor, independientemente de su origen o situación migratoria, tenga el derecho a una vida digna, segura y llena de oportunidades».
Laespada ha añadido que «la protección de estos menores debe ser un esfuerzo colectivo entre administraciones, entidades sociales y profesionales del ámbito jurídico, para garantizar que no solo reciban atención básica, sino que se les brinde la oportunidad de tener un futuro digno». Y ha sentenciado: «No podemos permitir que haya niños y niñas invisibles, sin nombre ni derechos reconocidos».
Bajo el título «Infancia, movilidad y derechos humanos: menores separados, apatridia y respuesta institucional», el encuentro ha reunido a personas con experiencia en Derecho Internacional, juristas, operadores sociales y representantes institucionales con el objetivo de analizar los vacíos legales que afectan a menores en estas situaciones y debatir soluciones jurídicas viables que garanticen el cumplimiento del principio del interés superior del menor.
Este evento se enmarca dentro del compromiso del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia por situar la protección de la infancia migrante en el centro de la agenda pública. Además, ha dado continuidad al curso «Infancia, movilidad y derechos humanos», celebrado el pasado verano en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde se analizó en profundidad la realidad de menores en tránsito hacia Europa.
A lo largo de la jornada, las personas participantes han abordado una realidad especialmente compleja: la llegada de menores acompañados/as por personas adultas que no son progenitores ni tienen la tutoría legales. En estos casos, tal y como establece la legislación civil, las autoridades activan el protocolo de desamparo y les encomiendan a los servicios de protección de la comunidad autónoma, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. La entidad pública correspondiente asume así la tutela y la representación legal, incluida su participación en un eventual procedimiento de apatridia.
Asimismo, se ha recordado que, de acuerdo con la normativa vigente, las autoridades permiten su permanencia en territorio nacional durante la tramitación del procedimiento, sin perjuicio de la aplicación de otras normas específicas de protección a la infancia.
Otro de los temas clave abordados ha sido el de los niños y niñas nacidos durante el tránsito migratorio, que llegan a territorio español sin certificado de nacimiento y sin posibilidad de inscripción registral ni acceso a una nacionalidad reconocida. En muchos casos, ni el país de nacimiento, ni el consulado del país de origen de la madre, ni el país de destino asumen la responsabilidad legal de su registro. Este conjunto de menores, conocidos como «niños/as invisibles», quedan en situación de apatridia y exclusión legal.
Durante el encuentro, se han presentado casos reales en los que una aplicación literal del Código Civil español habría impedido tanto la inscripción del nacimiento como el reconocimiento de la nacionalidad española. Sin embargo, diversas resoluciones judiciales han adoptado una interpretación finalista del artículo 17 del Código Civil, basándose en el principio del interés superior del/la menor y en los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que ha permitido autorizar tanto su inscripción en el Registro Civil como el reconocimiento de la nacionalidad española, evitando así situaciones de apatridia infantil.
Especialistas como Cristina Manzanedo, directora del programa Ödos de la Fundación EMET, e Iker Barbero, profesor de Derecho Internacional en la UPV/EHU, han defendido la necesidad de articular una respuesta jurídica coordinada, sensible y eficaz. Ambos han insistido en que la protección legal debe ir de la mano de la acogida y de una coordinación efectiva entre servicios sociales, administraciones, Ministerio Fiscal, jueces y registros civiles. La jornada ha concluido con un llamamiento a reforzar la cooperación institucional y avanzar hacia un sistema más garantista y justo para el conjunto de menores migrantes.
