Gobierno y PP han cerrado finalmente su acuerdo para renovar los órganos institucionales que estaban en funciones: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos.
Socialistas y populares han pactado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, caducados desde 2019, y el recambio de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, quién tendrá como adjunta primera a la diputada del PP María Teresa Jiménez Becerril. Asimismo, ambos partidos también han dado luz verde a los relevos en la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos.
No obstante, el Consejo General del Poder Judicial ha quedado al margen por expreso deseo de Pablo Casado que mantiene su veto a renovarlo mientras no se cambie la ley para evitar la politización. Ya han pasado más de mil días desde que el 4 de diciembre de 2018 se caducó su mandato.
