La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara autonómica aprobó ayer el texto presentado por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos solicitando la puesta en libertad de los ocho jóvenes de Alsasua, condenados por participar en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016, hasta que la sentencia sea firme.
La Audiencia Nacional está estudiando los recursos a la sentencia de la Sección Primera de lo Penal que los condenó a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero, en contra del criterio de la Fiscalía, descartó que fueran de carácter «terrorista».
El Parlamento Vasco ha recalcado su «respeto a las decisiones judiciales», pero ha expresado su «desacuerdo» con que el caso se haya juzgado en la Audiencia Nacional y su «preocupación por que la instrucción, la vista oral y la propia sentencia emitida podrían haber lesionado el legítimo derecho a la defensa, tal y como han denunciado organismos como Amnistía Internacional».
Los grupos destacan asimismo la importancia de principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la proporcionalidad de la pena, al tiempo que rechazan la «aplicación exacerbada de la agravante de discriminación».
